EPR: la tregua Indefinida

TXT: Ismael Martínez

Las mañanas del 5 y 10 de julio de 2007 tres municipios de Guanajuato (Salamanca, Celaya y Valle de Santiago) y el de Corregidora (poblado de Presa de Bravo) en Querétaro, amanecieron en alerta máxima, ocho cargas de explosivos detonaron en instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Se registró saldo blanco.

En el segundo día de detonaciones (10 de julio), el Ejercito Popular Revolucionario (EPR), vía un comunicado (el primero firmado desde Guanajuato), se adjudicó la voladura de ductos petroleros y advirtió las “acciones quirúrgicas” como parte de una “campaña nacional de hostigamiento” a las instancias gubernamentales. Anunciaron también que “las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros (dos) compañeros” que, según la organización armada, fueron detenidos en sus domicilios en la capital oaxaqueña y remitidos a las oficinas locales de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron torturados y posteriormente “desaparecidos”.

Cuarenta y seis días antes, en la nocturna capital oaxaqueña, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (hasta entonces llamado “Raymundo Rivera Bravo”) de 55, miembros activos del PDPR (Partido Democrático Popular Revolucionario) y del EPR; fueron “detenidos-desaparecidos” de acuerdo a versiones de sus familiares.

El EPR alzó la voz y realizó acciones, las más ostentosas desde su formación hace 14 años. Exhibió conocimiento del terreno, expansión en zonas de influencia (de acuerdo con el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en principio actuaba en los estados de Guerrero y Oaxaca, ahora también lo hace en Puebla, México, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, destacan estos últimos por ser los más recientes y también por ser los primeros gobernados por Acción Nacional), eficacia en logística y estrategia militar, así como capacidad en manejo de explosivos. Por su parte el Estado mexicano mostró vulnerabilidad en infraestructura clave e incapacidad operativa de sus aparatos de Inteligencia.

La Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR y la gubernatura oaxaqueña (vía Sergio Segreste Ríos, Secretario de Protección Ciudadana y Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Procurador de Justicia del estado), condenaron los hechos, negaron la retención de los aludidos y dijeron desconocer su paradero, prometieron además investigación minuciosa de los sucesos y persecución enérgica de los culpables.

Las versiones corrieron, las plumas se ejercitaron, los balances de daños –físicos, ecológicos y monetarios- se realizaron, la “papa caliente” hizo casa en Bucarelli. El 10de septiembre de ese mismo año fueron dinamitados cuatro puntos esenciales en ductos de Pemex, ahora en Veracruz. “Vivos se los llevaron y vivos los queremos: EPR” fue la leyenda que se encontró en una caseta de peaje, en la autopista Veracruz-Cardel-Jalapa...

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